La disposición presidencial también transfiere el Centro de
Atención Integral para la Discapacidad (CAID) al Ministerio de Salud Pública,
quedando sus funciones, atribuciones y dirección a cargo de un consejo
integrado por representantes del gobierno y de la sociedad civil, designados
por el Presidente de la República y quienes ejercerán su función de manera
honorífica.
También, crea la Comisión Evaluadora de los diferentes
programas del Despacho de la Primera Dama, la cual será designada por el
Ministerio de la Presidencia, quien la coordina, y cuya función será la
evaluación y reasignación de todos los programas y servicios administrados por
dicho despacho a instituciones afines a sus objetivos.
Conforme a la normativa vigente, en relación al presupuesto,
ingreso y gasto público, la comisión de evaluación determinará la
redistribución de los montos que resulten de la eliminación, sustitución y
reasignación de los programas y servicios que ofrecía dicho ente, los cuales
serán destinados al sistema de salud pública y a las organizaciones no
gubernamentales dedicadas a objetivos afines a dichos programas y servicios.
Asimismo, la disposición del Poder Ejecutivo, deroga el
decreto 741-00, de fecha 10 de septiembre de 2000, y las normas que lo
desarrollen y complementen.